Las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional (IFC) son el estándar de referencia para gestionar riesgos ambientales y sociales en proyectos con financiación internacional. Esta guía resume qué pide cada una y qué significa en la práctica para un proyecto en América Latina.
Qué son y quién las exige
IFC, la institución del Grupo Banco Mundial que invierte en el sector privado, publicó la versión vigente de sus ocho Normas de Desempeño en 2012. Nacieron como requisito para sus propios clientes, pero hoy las aplican muchos más actores:
- Los bancos signatarios de los Principios del Ecuador. En los países no designados, entre ellos Colombia y la mayor parte de América Latina, evalúan los proyectos frente a las Normas de Desempeño y las Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial.
- BID Invest y otras instituciones financieras de desarrollo, cuyas políticas de sostenibilidad se remiten a ellas.
- Las agencias de crédito a la exportación de los países de la OCDE.
- Los fondos de inversión y de infraestructura que las adoptan como política interna.
El resultado es que, para un proyecto de energía o infraestructura que busca deuda internacional, cumplirlas es en la práctica una condición de acceso.
ND1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales
Es la norma paraguas. Pide identificar los riesgos e impactos del proyecto, incluidos los de las instalaciones asociadas, los acumulativos y los de la cadena de suministro; gestionarlos mediante un sistema de gestión ambiental y social; relacionarse con las partes interesadas durante toda la vida del proyecto, y contar con un mecanismo de quejas.
En la práctica: el estudio de impacto ambiental de la licencia rara vez basta por sí solo. Suelen faltar el sistema de gestión, el plan de participación de partes interesadas y el análisis de impactos acumulativos.
ND2: Trabajo y condiciones laborales
Protege a los trabajadores directos, a los de contratistas y, en lo relativo a trabajo infantil, trabajo forzoso y seguridad, a los de la cadena de suministro primaria. Pide políticas de recursos humanos, condiciones de empleo justas, no discriminación, libertad de asociación, un mecanismo de quejas para trabajadores y un entorno de trabajo seguro y saludable.
En la práctica: los financiadores miran con lupa la gestión de contratistas, las condiciones de los alojamientos de trabajadores y la trazabilidad de la cadena de suministro, por ejemplo la de los paneles solares.
ND3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación
Pide aplicar técnicas y niveles de desempeño acordes con las Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad; usar de forma eficiente el agua y la energía; gestionar residuos y sustancias peligrosas, y cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero cuando superan las 25.000 toneladas de CO₂ equivalente al año.
En la práctica: cuando la norma nacional y las guías del Grupo Banco Mundial difieren, se espera que el proyecto aplique la más exigente.
ND4: Salud y seguridad de la comunidad
Aborda los riesgos que el proyecto traslada a las comunidades: tráfico, materiales peligrosos, enfermedades asociadas a la afluencia de trabajadores, seguridad de la infraestructura y de los equipos, y actuación del personal de seguridad.
En la práctica: se traduce en un plan de gestión de tráfico, un plan de respuesta a emergencias que involucre a la comunidad y una gestión de la seguridad acorde con los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.
ND5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario
Aplica al desplazamiento físico y al económico (la pérdida de activos o de acceso a medios de vida) causado por la adquisición de tierras o por restricciones a su uso. Pide evitarlo o minimizarlo, compensar al costo de reposición y restablecer los medios de vida, incluidos los de las personas sin título formal sobre la tierra.
En la práctica: es una de las brechas más frecuentes en proyectos lineales y en proyectos que ocupan grandes extensiones. La gestión predial que exige la ley local no siempre cubre a arrendatarios, aparceros, ocupantes informales o usuarios de recursos.
ND6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos
Clasifica los hábitats en modificados, naturales y críticos, y exige no pérdida neta de biodiversidad en hábitat natural, cuando sea factible, y ganancia neta en hábitat crítico. También cubre los servicios ecosistémicos y las cadenas de suministro de productos primarios.
En la práctica: requiere una evaluación de hábitat crítico y, si se detona, un plan de acción de biodiversidad. Como puede exigir muestreos adicionales, conviene abordarla temprano.
ND7: Pueblos Indígenas
Pide evitar impactos adversos sobre los Pueblos Indígenas, adelantar un proceso de consulta y participación informada, y obtener su consentimiento libre, previo e informado en circunstancias específicas: impactos sobre tierras y recursos naturales sujetos a propiedad tradicional o uso consuetudinario, reubicación, o impactos significativos sobre patrimonio cultural crítico.
En la práctica: la identificación se hace con los criterios de la norma, con independencia del reconocimiento estatal. La consulta previa es una base importante, pero puede requerir complementos para cumplir la ND7.
ND8: Patrimonio cultural
Protege el patrimonio cultural tangible e intangible. Pide evaluarlo, contar con un procedimiento de hallazgos fortuitos y consultar a las comunidades que lo usan o lo han usado.
En la práctica: en Colombia, el programa de arqueología preventiva ante el ICANH cubre buena parte del requisito. Suele faltar extender el procedimiento de hallazgos fortuitos a todos los contratistas y considerar el patrimonio inmaterial.
Cómo se aplican: categorización y proporcionalidad
La ND1 aplica a todos los proyectos con riesgos ambientales y sociales. Las normas 2 a 8 aplican según los riesgos que se identifiquen: un proyecto sin pueblos indígenas en su área de influencia no detona la ND7.
Los financiadores clasifican además cada proyecto según la magnitud de sus riesgos (categorías A, B y C en los Principios del Ecuador). La categoría determina la profundidad de la evaluación, si se exige una revisión independiente y con qué frecuencia se hace el monitoreo.
Por dónde empezar
Si tu proyecto está en desarrollo, un análisis de brechas te dice qué te falta frente a cada norma y en qué orden resolverlo. Si ya estás en conversaciones con financiadores, el siguiente paso es la debida diligencia ambiental y social.
Para entender las diferencias con la regulación local, lee Licencia ambiental en Colombia vs. Normas de Desempeño de IFC.